José Luis Tejeda González. Escritor/Profesor Universitario

Malviviendo con el hampa.

24 Mayo 2012 - 22:52:22
Imaginemos por un momento que en la guerra eterna y mítica del bien contra el mal, se nos cambiara la narrativa y resultara que los malos no lo son tanto y que los buenos resultan incómodos e inoportunos. Si en una pantalla de cine, al final de la película los “malosos” salen bien parados y los “buenazos” van de fracaso tras fracaso y acaban abatidos, ya podemos suponer la desazón que eso provocaría en el espectador. Al trasladar eso a la realidad, el desaliento ante la vida sería mayúsculo. Si la fuerza del mal y de lo diabólico es infinitamente superior a quienes luchan incansablemente por el ideal de una “vida buena”, la desesperanza cundiría por doquier. No hay que ir tan lejos y esperar a esa realidad terrorífica para enfrentarnos a un dilema tan apremiante. En México, se nos está guiando a esa aceptación tácita de lo condenable, como algo que se relativiza a niveles insólitos. A eso nos conduce esa lluvia de propuestas tan irresponsables que van desde la convivencia implícita con la impunidad y la corrupción, hasta los pactos abiertos y descarados con el crimen organizado. 

Si algo separa las fronteras del mundo occidental de los despotismos orientales era entre otras cosas, la existencia de un marco jurídico y eso que a rasgos generales se entiende por Estado de derecho, o sea un sistema político y social regido por leyes y normas escritas, públicas, que serían objeto de alegato, polémica, controversia y resolución. Ese es uno de los puntos considerados como más civilizados en la relación de Occidente con el resto del mundo. Siempre controvertido y puesto en entredicho, a últimas fechas se pone en tela de juicio su existencia y su viabilidad. La relación del Estado y la sociedad con el crimen organizado y con el manejo de los ilícitos se vuelve la parte más vulnerable en la edificación, en la construcción y en la consolidación de un Estado jurídico y legal. La afirmación de que el gobierno de leyes e instituciones es mejor que un gobierno de hombres se debilita. Aún más, se anula la relevancia de las mismas como elemento igualador y nivelador, como factor de equilibrio social. El fracaso de un sistema jurídico e institucional, en aras de la victoria de los poderes fácticos, de los más fuertes sobre los más débiles, de la sobrecarga y de la inclinación de los ámbitos legales e institucionales por los que más tienen y más pueden se vuelve una constante, una reiterada caída en la negación del Estado de derecho. La trama se enfila en los hechos a la renuncia a la instauración de un Estado jurídico, con sus consecuencias políticas y sociales.  

La consagración de eso se manifiesta en la relación que se guarda con respecto al hampa. El asesino, el ladrón, el mafioso, el que delinque lo hace a sabiendas de que puede ser y será castigado y penalizado. Cuando no se da la aplicación de la ley, se extiende un manto de impunidad que cubre a todos y el marco jurídico es pura escenografía. La queja por las fallas en las leyes y en el ejercicio de la justicia es algo común y generalizado. Uno de los déficits más persistentes en el sistema jurídico moderno es que las leyes sirven sólo y sobre todo a los intereses de los más poderosos. Eso no nos debe llevar jamás a eliminar los sistemas legales y reducirlo todo a relaciones de fuerza, de poder a poder. El caso es que ahora estamos viviendo algo sorprendente por los nexos del Estado con el crimen organizado. Una parte de la sociedad y del Estado mismo es cómplice de la delincuencia organizada, un eufemismo utilizado comúnmente para designar a quien comete ilícitos al amparo del poder público, legal y establecido. Desde el poder se auspicia, protege y cobija toda manifestación criminal que llega a servir a intereses inconfesables de una porción del Estado y de la sociedad, a todas luces delincuencial. En esos términos, es obvio y evidente que esta clase de hampa es “invencible”, porque no existe el más mínimo propósito de acabar con ella, por los altos márgenes de rentabilidad y ganancia que genera y por el manejo intimidatorio y coercitivo del que se hace gala con ella. En los puntos de quiebre de lo legal con lo ilegal, de lo permitido con lo prohibido, se anida una fuente de acumulación y poder inimaginables en las sociedades contemporáneas. Los poderes ocultos, las sociedades secretas, las mafias criminales, los cuerpos coercitivos y paramilitares, las bandas fascistas y nazis, las células ilegales y los grupos guerrilleros, se mueven como peces en el agua en esas zonas tenebrosas. Operan más allá de la legalidad, en los márgenes de los sistemas establecidos, con todo lo que eso acarrea. Les brindan excelentes beneficios económicos y es un territorio de zona franca para la impunidad, la actividad ilegal y la delincuencia protegida.  

La justificación que se da para avalar los pactos con la delincuencia organizada, es que es tan poderosa e invencible, que cualquier desafío en su contra se paga muy caro, con la desestabilización de la sociedad. Es increíble como se le disculpa y se le llega a otorgar un sentido fundacional a los arreglos con el hampa. O sea, para que una sociedad funcione, hay un arreglo inconfesable y una ley torcida en sus fundamentos. A todas luces se trata de un chantaje, en donde la delincuencia organizada incrustada en el Estado y permeando la sociedad, exige que se les deje actuar y “trabajar” libremente para que las cosas funcionen con “normalidad”. Es un completo contrasentido, si entendemos que dichos arreglos no son jamás para que la delincuencia se desmovilice o algo por el estilo. Antes al contrario, es una carta de impunidad para delinquir abiertamente al amparo y bajo la complicidad de los Estados y las sociedades. Es la renuncia al ejercicio del Estado de derecho y el reconocimiento tácito de que la impunidad y la corrupción son consustanciales a los seres humanos y a la convivencia colectiva. Nadie discute que siempre habrá quienes infringen la ley, la quebrantan y actúan al margen de la misma. En ese sentido, la delincuencia no terminaría jamás. Otra cosa muy diferente, es que el Estado renuncie a la aplicación de la legalidad, se coexista con vastas zonas francas, con poderes extraordinarios ligados a la administración de lo ilícito. Ese es el punto que estaría en la discusión actual y su mal tratamiento nos conduce a la negación de un mínimo marco jurídico para regular el comportamiento humano. 

En México tenemos la mala fortuna de ser un país vecino de la última superpotencia del siglo pasado, la cual posee la tasa más alta de consumidores de drogas, con una subcultura de la violencia muy extendida, que auspicia el tráfico de armas más allá de sus fronteras. Todo ello con el agravante de una migración que no cesa. Es una variante del Estado canalla que nos exporta sus males y sus deficiencias. No todo lo malo nos viene de afuera, también se produce localmente. Si bien el bandidaje es un fenómeno antiguo y común a todos los países, la problemática del narcotráfico es más reciente y se agrava en sociedades proclives a la corrupción, a la baja integración social, a la deficiente institucionalización, al subdesarrollo y a la realidad geopolítica. Desde la posguerra ya se presenta la narcotización de áreas y segmentos de la vida nacional. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid se eleva a un asunto de seguridad nacional, como lo constata el asesinato del periodista Manuel Buendía y del agente de la DEA, Enrique Camarena. A estas alturas ya no queda ninguna duda: el régimen priísta avaló y naturalizó la presencia del narco en la vida nacional. Al perder las elecciones en el 2000, el asunto queda a la deriva, obligando a la administración panista  a definirse sobre el particular. Desde la administración Fox se inicia el combate al crimen organizado, a la vez que se da la “fuga” del Chapo Guzmán que sería interpretada como una maniobra gubernamental para enfrentar a los cárteles tradicionales, como el de Tijuana, el del Golfo y el de Juárez, mientras se era más complaciente con los sinaloenses, por decir lo menos. El sexenio de Calderón convierte la lucha contra el crimen organizado, en el pilar fundamental de su gobierno. Con una legitimidad electoral dudosa y con un modelo militarista que exportaba Bush hijo por el mundo, el combate al crimen organizado le queda como anillo al dedo a la gestión panista para enfrentar un futuro tan adverso e inquietante. 

Al principio, la lucha contra el crimen organizado gana adeptos y le da respiración artificial al calderonismo para gobernar al país. En una nación con altos niveles de impunidad, corrupción y de entrelazamiento del crimen organizado con el poder público, se esperaban buenos resultados de un gobierno que al menos en apariencia se decidía por enfrentar a las mafias del país. Desde entonces ha quedado la sospecha de que era una medida para distraer a la opinión pública, para legitimar a un gobierno de origen dudoso y que dicho combate ha sido sesgado y limitado. Es más, se da en un trasfondo cultural y religioso, en que se promueve una sociedad con más interdictos y prohibiciones. El narco es un buen pretexto para disciplinar a la sociedad. Se le pega a unos cárteles, se les desmantela, para que otros ocuparan el lugar desalojado. Independientemente de los motivos e intenciones de la estrategia montada, los resultados se ponen en duda con el paso del tiempo. Los cárteles no se dejan derrotar y responden con niveles de violencia inusitada, contra los adversarios, las autoridades, los cuerpos policíacos y militares y contra la población civil. El objetivo es sembrar la inseguridad, la zozobra por doquier para obligar al Estado y a la sociedad misma a reconocer la convivencia con el hampa. Las repercusiones que esto tiene entre los pobladores, es el de un miedo y un temor crecientes, donde se pasó de la aceptación a que se enfrentara la delincuencia organizada, a reclamos crecientes por los magros resultados alcanzados y por lo contraproducente de la medida. Así se responsabiliza a Calderón y su estrategia por los más de 50 mil muertos a lo largo del sexenio, por la cruzada librada contra el crimen organizado. Virtualmente se extiende el argumento “narco” de que nunca se debieron tocar los intereses criminales en el país. Al final del sexenio se detiene a militares implicados con el narco, mientras los Estados Unidos destapan el caso Yarrington, un exgobernador tamaulipeco coludido con el hampa. Son los últimos estertores de la estrategia blanquiazul por enfrentar al crimen organizado, en los albores de la elección presidencial de Julio. Falta ver si no es demasiado tarde y si les alcanza para revertir un resultado electoral que les puede resultar adverso.
 

Antes que en lo militar, en materia de aceptación y percepción pública, el narco gana batallas. La mayor parte de la población, sólo quiere paz y tranquilidad y poco o nada le importa a costa de que se conquiste la misma. O sea, si los reacomodos, las batallas entre cárteles y las campañas contra los capos generan inseguridad, se va cediendo ante el chantaje de los hampones. Si a eso le agregamos los niveles de impunidad y protección de los que gozan desde los mismos poderes establecidos, las cosas se complican, porque es cuando se desata esa propaganda negra y criminal de que “la delincuencia organizada es indestructible”, “el narco nunca se va acabar” y por lo tanto sólo queda administrar el problema en vez de resolverlo. El hampa es invencible porque se confunde con las estructuras del poder económico, político y militar, porque los que están abocados a contenerlos y derrotarlos no cumplen con su deber y su responsabilidad. Cuando las fuerzas armadas van y detienen a un capo, casi siempre terminan encarcelándole o cae abatido en un enfrentamiento. Eso refleja que la superioridad armada de las fuerzas del Estado mexicano no parece estar en duda. Otra cosa es que el narco se reproduzca por doquier, existan porciones de la población que los protegen y avalan y su fuerza sea dispersa y difuminada. En sentido estricto, cuando deciden descabezar a un grupo criminal lo hacen y punto. Si los grupos delincuenciales se multiplican en porciones más reducidas, no es concebible que no los puedan contener y aniquilar. Si existe la delincuencia organizada, es porque los Estados canallas y criminales les avalan, les miman y les necesitan para preservar un orden de sometimiento sobre la población civil.
 

La sanción a la gestión calderonista y al panismo en su conjunto queda ligada a la evaluación que se tenga de la lucha o de la guerra contra el crimen organizado. La izquierda y el lopezobradorismo en particular, han condenado la estrategia contra el hampa, sin proponer ninguna opción viable. Sólo generalidades, evasivas y la descalificación a lo realizado por el partido blanquiazul. Incluso el PRD ha quedado exhibido por varios casos de nexos con la delincuencia organizada en unos cuantos estados de la república. El caso de los priístas es más delicado aún. Gobiernan en la mayor parte de las entidades federativas. Algunas de ellas padecen altos niveles de violencia criminal e inseguridad pública. El gobierno federal les ha intentado presionar para que hagan suya la estrategia del calderonismo. Han actuado con simulación y sobrellevando la situación. Al igual que en el pasado, declaran y hablan de que no cederán ante el hampa, mientras en los hechos bajan la guardia, cuando no se ponen abiertamente del lado de los que delinquen. El manejo de lo criminal está en el centro de la estrategia restauradora priísta que busca la recuperación de la presidencia de la república. El estado de intranquilidad nacional se le adjudica básicamente al gobierno panista, con letanías de apología de lo criminal como aquella que dice que si no se les hubiera molestado a los señores del crimen, México estaría tan tranquilo como antes. Sabemos que esa es una patraña, para refundar el orden autoritario mexicano, pero desde los restos del viejo régimen se encargan de popularizar estas falacias. El PAN en ese sentido, es víctima de su propia estrategia fallida. Es la candidata Vázquez Mota, quien habla más claramente de mantener la estrategia de combate al crimen organizado, en lo que para muchos es una insistencia en una política errática y para otros es una muestra de que no hay nada distinto y sólo es continuidad. Lo malo del asunto, es que los otros candidatos van de la simulación a la sospecha de arreglos ocultos con el crimen organizado, para volver a una “normalidad” deleznable. Lo normal en México es dejar que opere el crimen organizado, lo extraordinario es meterle en problemas. Pésima conclusión si lo que se quiere es edificar un orden donde impere la justicia antes que nada.          
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